Entre los consejeros discuten y buscan acuerdos para aprobar este mismo viernes una resolución que, o bien frene el proceso de revocación de mandato a partir de enero o avance con un “plan B” que reduzca las 162 mil casillas que obliga la ley a instalar; ambos escenarios, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve si el gobierno federal debe cubrir el boquete de dos mil 300 millones de pesos o la autoridad electoral puede violar la ley y organizar la consulta de acuerdo al presupuesto del cual dispone.
Los integrantes del Consejo General del INE pretende presentar un proyecto que se ajuste a un presupuesto de mil 500 millones de pesos y no de 3 mil 800 millones de pesos como se proyectó de manera inicial, explicando cuántas casillas pueden instalarse en el país con este presupuesto, cuántos funcionarios pueden capacitarse y a cuántos capacitadores se les puede pagar.
La semana pasada, tras aprobar los ajustes, los consejeros señalaron que con el presupuesto reunido apenas alcanza para la capacitación electoral pues cuentan con uno de cada tres pesos necesarios, por lo que el plan podría contemplar un escenario con la tercera parte de lo que la ley les exige cumplir.
En el caso del acuerdo que presentaría una opción alternativa para realizar la revocación de mandato en menor dimensión, algunos integrantes del Consejo General coinciden en que igualmente implicaría una violación a la ley pero al menos, ayudaría a no frenar el proceso y continuar en la medida de lo posible.
La sesión de este viernes, es la última prevista por el INE este año, por lo que una vez tomada la decisión comenzará el periodo vacacional que podría interrumpirse una vez que el Tribunal Electoral resuelva las posibles impugnaciones al acuerdo que se genere por parte del Consejo General.
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