En un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que mantuvo “importantes reuniones” con funcionarios mexicanos para discutir el cambio constitucional propuesto por el Ejecutivo y que restringiría la cuota de mercado de las energéticas privadas para favorecer a las compañías estatales mexicanas.
“Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”, agregó.
Hace un par de semanas, unos 20 congresistas y senadores de Texas le enviaron una carta en la que expresaron sus preocupaciones sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que enfrenta una dura batalla en el Congreso y que, a juicio de los legisladores estadounidenses, “discriminaría” a los productores de energía de su país.
La propuesta, enviada al legislativo en octubre, cancelaría los contratos mediante los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional. El plan declara ilegales otras 239 plantas privadas que venden directamente electricidad a empresas en México. Casi todas estas plantas generan electricidad con fuentes renovables o gas natural.
La iniciativa también cancelaría muchos contratos de abastecimiento de electricidad de largo plazo y los esquemas de compra preferencial de electricidad a plantas de energía limpia, lo que afectaría principalmente a empresas extranjeras.
La carta de los legisladores de Texas señaló que “las reformas constitucionales propuestas por el gobierno mexicano incrementarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Estos pasos, entre otros, dañan nuestra vital asociación comercial con México y violan potencialmente los principios clave del T-MEC”.
México afirma que busca cooperar con Washington en energías renovables, pero muchas de las plantas eólicas y solares que López Obrador quiere limitar fueron construidas por compañías estadounidenses o españolas.
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