CEMDA llama a derogar acuerdo sobre obras prioritarias del gobierno

CDMX, 25 noviembre 2021.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) llamó al ejecutivo a derogar el acuerdo para que obras y proyectos del gobierno sean considerados de seguridad nacional, ya que pone en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos, suscritos por México.

“Reiteramos nuestra solicitud respetuosa para que dicho acuerdo sea derogado y para que esta administración federal priorice el respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos relacionados con éste”, menciona Gustavo Alanís, director del CEMDA

A través de un comunicado, el centro que dirige Alanís, resaltó que “la declaración de seguridad nacional, no exime del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos”. Además, el acuerdo viola los principios de derechos humanos, principio de legalidad y el debido proceso; además, viola el derecho humano a un medio ambiente sano; y el derecho de acceso a la información y acceso a la participación.

“Para el CEMDA, el desarrollo sostenible y el bienestar social únicamente se pueden alcanzar a través del cumplimiento cabal de los derechos humanos y principios constitucionales reconocidos en nuestro marco jurídico. Ignorar tal estado de derecho traerá consigo la generación de mayores conflictos socioambientales y el fracaso de las obras y proyectos que se pretenden facilitar con este Acuerdo”, sostuvo el centro.

Lo anterior, debido a que los considerandos del acuerdo publicado el lunes, establecen “que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”.

Por otro lado, dijo que el acuerdo carece de motivación y fundamentación adecuada en tanto que no existe facultad constitucional ni jurídica, expresa o implícita, que permita al titular del Poder Ejecutivo Federal generar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos y al marco legal constitucional, violando con ello el principio de legalidad. “El único régimen de excepción previsto en el artículo 29 de la Constitución Política no es aplicable al caso en concreto”.

Además, resaltó que el acuerdo también genera una obligación hacia los servidores públicos para “realizar sus funciones de forma ilegal, inconstitucional e inconvencional al tener que otorgar las autorizaciones que les sean solicitadas”.

Otro de los principios jurídicos que el CEMDA identificó es el debido proceso, ya que la aplicación de este acuerdo implica ignorar procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en el orden jurídico mexicano.