Esta audiencia se pospuso ya en dos ocasiones, el 26 de agosto pasado, debido a que el imputado no se encontraba en México, e intentó comparecer por medio de una videoconferencia.
En esa ocasión, el Juez Aquiles Villaseñor le indicó que, para la próxima audiencia, programada para el 4 de octubre, el indiciado debería estar en las inmediaciones de la Ciudad de México y acompañado de su defensa, para comparecer nuevamente por conferencia remota.
Pero en esa ocasión, la defensa del excandidato presidencial solicitó un aplazamiento, debido a que, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado la carpeta de investigación, para esa fecha agregó más de mil nuevas fojas, por lo que se pidió tiempo para el análisis de las mismas.
El Juez de Control Aquiles Villaseñor fijó el 8 de noviembre a las 9:00 horas para la realización de la audiencia, la que nuevamente podrá ser por medio de video conferencia, con Anaya acompañado de su defensa y en las inmediaciones de la capital del país.
En caso de que la autoridad judicial resuelva que hay elementos para vincular a proceso a Anaya, el Ministerio Público Federal está en condiciones de solicitar la prisión preventiva oficiosa en contra del indiciado, bajo el argumento de que está en condiciones de evadirse de la acción de la justicia.
De ocurrir esto, el juez citará a Anaya y a su defensa, quienes deberán acudir al juzgado, para el análisis de las medidas cautelares que se soliciten para el indiciado, para que en su presencia se resuelva si se otorgan o no.
Las investigaciones en contra del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) se derivaron de las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lo involucró en la red de distribución de 10 millones de dólares del soborno de Odebrecht, para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
La semana pasada el Juez de Control Artemio Zúñiga, también del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, ordenó la prisión preventiva oficiosa en contra de Lozoya Austin, a petición de la FGR, por no aportar información efectiva en el criterio de oportunidad para señalar a más involucrados en la red de sobornos.
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