Ramírez Canchola arribó a la ciudad fronteriza el 16 enero de 2020; al finalizar la toma de protesta del mando dijo a los medios: “Respetaremos en todo momento los derechos humanos de la ciudadanía”.
Sin embargo, la operación del Décimo Sexto Regimiento ha sido cuestionada por las familias de víctimas que murieron en operativos militares, cuyos casos se encuentran en denuncias e investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la Octava Zona Militar, tomó la protesta al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien fue comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al igual que Ramírez Canchola, el coronel Grimaldo Muñoz dijo: ‘conforme a las instrucciones del mando supremo del señor presidente de la República, las órdenes que tenemos es el respeto irrestricto, a los derechos humanos y la aplicación del uso racional de la fuerza’.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas dos carpetas de investigación por ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el mando del coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola.
El primer hecho, donde acusan al mando militar, ocurrió el 3 de julio. El diario El Universal difundió un video donde se observa a militares rodeando una camioneta pick up, cuando una persona levanta la cabeza. Uno de los uniformados grita: “¡Está vivo!”. Y otro contesta, “¡mátalo a la verga!”. Ese día 12 civiles presuntamente delincuentes murieron, informó la Sedena.
El enfrentamiento se dio cuando un convoy militar patrullaba y un grupo de civiles armados les disparó, de acuerdo con la versión que comunicó el Ejército. El soldado que iba a cargo de la ametralladora de una de las camionetas grabó con su cámara reglamentaria el hecho.
Además, del anterior caso, el periodista Alberto Pradilla publicó la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer, se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos castrenses.
Tras un tiroteo, al menos dos de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. Las víctimas son Uriel García Lerma, Erik García Lerma, Marcos Alejandro Moreno, Juan Alberto Luevanos Orona y Juan Jesús López Tinajero.
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