El presidente del Clúster de Energía Coahuila, Rogelio Montemayor, señaló que esta iniciativa cancela la inversión privada en el sector energético, porque los permisos y contratos que hay relacionados con la generación de electricidad ya no serán válidos, lo que equivale a la expropiación de las centrales que ya se han instalado, pues son activos que los inversionistas no podrán usar.
Desalienta a la inversión, dijo, porque sólo presentar la reforma ha generado una gran incertidumbre entre los inversionistas, ya que la intención de cancelar permisos y contratos da lugar a que si esto ocurre, se presenten demandas legales con un costo millonario para el gobierno y que deje de generarse el 62 por ciento de la electricidad que producen actualmente las empresas privadas.
“La Comisión Federal de Electricidad no puede sustituir a la inversión privada porque, por una parte, su situación financiera es sumamente precaria y no podría llevar a cabo las inversiones necesarias. Por otra, su capacidad máxima actualmente alcanza para generar el 54% de lo que se demanda”, señaló.
Señaló que México puede ser visto como un país de gobernantes caprichosos que cambian las reglas a la mitad del partido, lo que da lugar a incertidumbre no sólo en el subsector eléctrico, sino en toda la economía y otro aspecto es que en el mercado mundial hay una exigencia creciente por una huella de carbono cada vez menor en los productos que se comercializan internacionalmente.
“Si nuestra energía proviene principalmente de fuentes sucias, nuestros productos tendrán un contenido mayor de carbono y también dificultades para ser aceptados en esos mercados internacionales”, puntualizó.
No obedece a una realidad mundial:
Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra dijo que se trata de una contra-reforma retrógrada porque se basa en un modelo de los años 70 del siglo anterior y no obedece a una realidad mundial con el cambio climático, ni de cumplimiento de los tratados que México ha firmado a nivel internacional como el Acuerdo de París, además de que se hace en un contexto de falta de recursos y aumento de demanda del energético.
“No hay dinero suficiente para que la CFE por sí sola pueda sostener el crecimiento en la demanda de electricidad por parte de la población y de las empresas, construir una planta te lleva de 3 a 5 años y el retorno de la inversión lleva de 10 a 15 años”.
El alcalde electo de General Cepeda, dijo que con esto se obstaculiza el desarrollo del municipio porque a principios de 2018 se proyectaba una inversión de paneles solares de los más grandes de Latinoamérica, pero a raíz de esta iniciativa los empresarios ya no está tan interesados en invertir debido a la incertidumbre. Y aunque no precisó la cantidad, estimó que ello significó una pérdida de millones de pesos.
“Las inversiones son fuente de empleo para nuestro municipio aunque sea temporal”, dijo. Recordó que una de sus propuestas de campaña fue equipar pozos de energía solar en las comunidades y evitar el pago de luz para obtener el agua, “creo en lo personal que sería un retroceso para nosotros como país”.
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