Esta información fue confirmada por la propia Función Pública a medios a través de solicitudes de acceso a la información, aunque clasificaron los detalles como reservados por un año para “salvaguardar la imagen de la persona involucrada”.
Sin embargo, a pesar de la negativa a entregar la información, una revisión hecha en el Tribunal de Justicia Administrativa revela que el funcionario peñista obtuvo la suspensión a la inhabilitación el 3 de agosto de este año.
El expediente 16052/21-17-13-6, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, revela que, el pasado 30 de junio, Videgaray presentó un juicio de nulidad para intentar dejar sin efectos la inhabilitación de 10 años que le impuso la dependencia federal durante la gestión de la ahora ex secretaria Irma Eréndira Sandoval.
Esto quiere decir que el ex secretario de Hacienda tomó acciones apenas unos 20 días después de la que la SFP enviara un comunicado el 8 de junio revelando que lograron acreditar “la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal”.
La investigación patrimonial inició en junio de 2019, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El pasado mes de septiembre, el Comité de Transparencia de esta dependencia realizó una sesión en la cual un comité consideró que la información del caso Videgaray en la SFP debería clasificarse como reservada durante un año más, es decir, hasta el próximo mes de septiembre de 2022, esto para no afectar la esfera personal y jurídica del involucrado y se proteger la conducción del debido proceso y proteger el principio de presunción de inocencia.
Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Administrativa concedió la suspensión definitiva a la inhabilitación, lo que quiere decir que se paraliza temporalmente la sanción impuesta por la SFP.
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