Luego de que una persona solicitara los mencionados documentos, la máxima casa de estudios los clasificó como confidenciales, por considerar que divulgarlos significaría una intromisión en la vida privada de dichos servidores públicos, “sin que se advierta razón que lo justifique”.
Ante ello, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, por considerar que la difusión de los títulos de los tres funcionarios mencionados es relevante, por tratarse de personajes de alto rango en el actual gobierno.
Al dar a conocer sus títulos profesionales, estimó la persona inconforme, se verificaría que los tres servidores públicos “son realmente aptos para desempeñar sus trabajos o encargos”. La UNAM, sin embargo, mantuvo su negativa inicial.
Al estudiar el tema, el comisionado del INAI Adrián Alcalá concluyó en primera instancia que las actas de titulación y los títulos profesionales requeridos son, en efecto, datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, pues dan cuenta de la vida privada de los funcionarios.
Alcalá llegó a la conclusión de que los títulos universitarios requeridos, por pertenecer a servidores públicos de alto nivel, “deben quedar sujetos al escrutinio social”, para saber si éstos tienen las habilidades académicas para cumplir su mandato.
Por lo anterior, el INAI avaló la propuesta del comisionado ponente de modificar la respuesta de la UNAM y ordenarle la entrega a la persona solicitante de una versión pública de las actas de titulación y los títulos profesionales de los funcionarios mencionados.
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