El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que se crea la Comisión con carácter transitorio, como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990.
Esto, “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
De acuerdo con el subsecretario Alejandro Encinas, el decreto es “el resultado de un compromiso y de un acercamiento de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia con el presidente y la Secretaría de Gobernación”.
Sobre las tareas de búsqueda, dijo que este será liderado por la CNB y se realizarán no solo en campo o archivos, panteones o fosas comunes, “sino también en sitios que hasta ahora han estado prácticamente censurados para cualquier tipo de investigación”.
“Esto implicará ir a cualquier instalación civil o militar donde se presuma que puedan hallarse vestigios de las personas desaparecidas”, abundó.
La Comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el titular del Archivo General de la Nación; el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), y cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”.
El mecanismo integrará un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, que será presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las víctimas, familiares y sobrevivientes, así como a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes para sus efectos conducentes.
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