Un estudio realizado por investigadores de diversas universidades reveló que refresqueras pagaron a científicos mexicanos para difundir investigaciones desacreditando el impuesto a bebidas azucaradas en México.
La industria de la comida chatarra no solo intentó impedir la aprobación de dicho impuesto, sino buscó desprestigiarlo, incluso revertirlo, difundiendo artículos científicos internacionalmente buscando que la medida no se imitará en otros países, documentó Pop Lab, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
Tal afirmación fue sustentada en el análisis de escritos secretos del Archivo de Documentos de la Industria Alimentaria de la Universidad de California en San Francisco. Se informó que el estudio también revisó papeles sobre la efectividad del impuesto comparando los resultados con los estudios financiados por las refresqueras y otras empresas.
La universidad de California, Nevada, Dublín y la Asociación Mundial de Nutrición para la Salud Pública, fueron las instituciones que arroparon a los científicos al revelar que la industria y sus empresas ‘fachada’ difundieran investigaciones sugiriendo que el impuesto no logró beneficios, utilizando argumentos económicos, de justicia social y de salud pública.
La revista científica detalló que las investigaciones pagadas a científicos mexicanos fueron realizadas por la Universidad de Nuevo León, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se destaca que los documentos de Colmex y la UANL no son públicos, por lo que no es posible revisarlos.
El estudio integró la revisión de documentos internos, correos electrónicos y comunicaciones privadas entre ejecutivos de las refresqueras y otras empresas, incluida Coca-Cola, con los investigadores mexicanos sobornados.
Y es que en 2014, debido a problemas de salud por el alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas, México implementó uno de los primeros impuestos a dichos productos, provocando una fuerte oposición de la industria de alimentos y bebidas. Después, treinta y cinco países adoptaron políticas fiscales al respecto.
La investigación sugiere que en septiembre de 2015, las refresqueras y aliados buscaron que legisladores redujeran el impuesto, basándose en investigaciones financiadas por la industria.
Se documentó que el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) México, un grupo científico financiado por Coca-Cola y creado por un ex directivo de la refresquera, realizó un congreso científico en el cual se concluyó que el azúcar no era el problema del exceso de las calorías, criticando duramente la estrategia gubernamental para combatir la obesidad.
Además, tras la revisión de correos electrónicos, se descubrió que un investigador llamado James Rippe sobornó a otros académicos estadounidenses para presentar investigaciones en congresos desacreditando la medida gubernamental.
“Durante el simposio, circuló un informe que afirmaba que incluso con un impuesto mucho mayor del 20% al 40%, el impacto en el IMC (índice de masa corporal) sería marginal”, señala la investigación.
Durante 2016 y años posteriores, la industria continuó publicando estudios y realizando eventos para desacreditar el impuesto. Y es que para Coca-Cola la imposición de la medida significaba una amenaza a sus intereses comerciales, según documentos internos de la empresa.
Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en 2018 sólo el 23.5 por ciento de la población adulta tenía un peso saludable. Antes de la pandemia por Covid-19, la obesidad era el principal problema de salud pública en México y estaba asociada a las principales causas de mortalidad como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los tumores malignos y las enfermedades hepáticas, concluyó PopLab, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
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