Higuera Bernal señaló que la FGR quiere investigar y perseguir los delitos que se les imputa a estos científicos por el presunto desvío de recursos que eran destinados al Conacyt y que, en realidad, se enviaron a un organismo privado que estaba dentro del propio Consejo.
“No se está actuando contra la comunidad científica ni contra la Academia (…) Se está atendiendo una denuncia en la que se señalaron posibles irregularidades, hechos con apariencia de delito, respecto de servidores públicos que manejaron recursos a través de un esquema que tiene indicios de ilegalidad y no necesariamente por su actividad científica”, comentó Higuera Bernal.
El miércoles, el juez Gregorio Salazar desestimó por segunda ocasión la solicitud de la orden de aprehensión que realizó la FGR contra estos 31 científicos e investigadores del Conacyt por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos. La fiscalía los acusó por cuatro delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
El juez consideró que no hay delito en la creación y manejo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), señalado por la FGR porque se fondea con recursos públicos que son del Conacyt, ya que dicho foro se ampara en el propio estatuto del Conacyt para operar de esa forma.
Sobre esta resolución, el fiscal especializado en delincuencia organizada de la FGR acusó en la entrevista que el juez tomó esta decisión sin haber realizado una investigación exhaustiva.
“Se dejó de analizar de manera integral, de manera completa, todo lo que investigó el ministerio público al momento de hacer la petición de la orden de aprehensión (…). Se hizo de manera parcial, muy limitada”, comentó.
Alfredo Higuera Bernal añadió que la FGR insistirá en proceder penalmente contra los 31 científicos e investigadores del Conacyt, ya sea por vías de impugnación o con el replanteamiento del caso.
El miércoles académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones pidieron un alto a la “represión” que emprendió la FGR en contra de científicos e investigadores del Conacyt.
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