Un juez federal de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya había rechazado conceder las órdenes de aprehensión solicitadas la FGR el pasado 24 de agosto.
La negativa del juez que recibió la solicitud se sustentaba en que faltaban elementos para sustentar los ilícitos que se pretende imputar a los académicos.
En ese contexto el juez le solicitó al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) perfeccionar el caso antes de hacer un nuevo intento. Es decir, que todavía no se ha desechado la acusación, lo que deja abierta la puerta a que la FGR solicite de nuevo las aprehensiones.
Los delitos por delincuencia organizada y peculado que se pretende imputar a los académicos ameritan prisión preventiva automática, por lo que en caso de ser procesados en audiencia inicial los académicos tendrían que llevar el juicio recluidos en la cárcel.
Este lunes la FGR decidió insistir, es decir, la FGR insistió que deben ser imputados por estos cargos, que llevarían a los 31 investigadores a un penal federal.
La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt. En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.
Aún cuando el Foro Consultivo existe desde 2002 y desde entonces reciben financiamiento público, tal como marca la ley, la denuncia por un supuesto esquema ilegal de asignación de recursos se limita al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
La base de la acusación es que los científicos y académicos establecieron un “sistema para recibir fondos” por unas labores que ya hacía la propia Conacyt.
Un presupuesto de 200 millones de pesos durante el sexenio pasado, que los actuales directivos de Conacyt consideraban que se empleó “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros, presupuesto que excedió de lo necesario para el cumplimiento de sus funciones”, según un comunicado de prensa de 2019.
La respuesta del Foro, también de 2019, fue mostrar sus finanzas: “En el último año y medio se invirtió 0.36% en telefonía celular, por cierto en apoyo de las actividades, no de la operación; 0.67% en bocadillos, 7% en servicios generales, 18.92% en servicios personales para la administración y operación, y 70.7% en el desarrollo de proyectos”.
La disputa inició hace dos años, cuando la dirección de Conacyt, que encabeza Elena Álvarez Bullya, decidió cancelar el financiamiento al Foro, su propio órgano autónomo consultivo, tema que incluso ya fue abordado por la Suprema Corte. De aquella disputa se pasó a una denuncia ante la FGR y una petición de órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, aproximadamente 20 de los 31 investigadores denunciados (entre los que se encuentran académicos del CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros) fueron visitados desde agosto por policías ministeriales de la FEDO (antes SEIDO) para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una indagatoria penal en su contra. No obstante, no se les pidió rendir ninguna declaración ni se les giraron citatorios.
Entre los señalados están Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; o Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.
Los investigadores que ahora fueron denunciados encabezaron, en su momento, los denominados Comités Técnicos de Administración (CTA) del Conacyt a través de los cuales se aprobaban los proyectos que se asignaban a la referida asociación civil. Los recursos para financiar dichos proyectos provenían de dos programas denominados: Comité de Apoyos Institucionales (CAI) y Fondo Institucional del Conacyt (FOINS).
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