A medida que más estados de Estados Unidos avanzan hacia la legalización, “la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por marihuana de producción nacional”, así lo señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
El informe indica que las incautaciones de marihuana en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron en más del 81 por ciento entre 2013 y 2020, lo que indica que los grupos criminales mexicanos han reducido significativamente sus operaciones de tráfico de marihuana.
Un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa en el estado de Sonora le dijo a InSight Crime que el negocio de la marihuana “ya casi no es rentable”.
“Solo traficó marihuana para pagarles a algunas de mis personas en la organización. Les estoy pagando con kilos [de marihuana], que ellos logran contrabandear y por los que les pagan, pero esto está llegando a un punto en el que ya no es un negocio viable”, expresó.
Según un informe sobre los cultivos de drogas publicado en 2016 por un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el estado fronterizo de Chihuahua es, después de Sinaloa, el segundo mayor productor de marihuana de México, representando el 20 por ciento de la producción nacional. Gran parte de esta producción proviene de la Sierra Tarahumara, una vasta red de montañas y cañones.
Dos de las principales organizaciones criminales de México operan en la Sierra Tarahumara: el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, a través de su brazo armado, conocido como La Línea.
En los últimos 10 años, los combates entre estos dos grupos han estado en un constante tira y afloja.
Pero ambos grupos han debido adaptarse a la situación en muchos estados de Estados Unidos que han despenalizado o legalizado la marihuana. Con ese fin, han monopolizado otras actividades comerciales como la venta de alcohol y la tala, a la vez que extorsionan a los trabajadores agrícolas de la región para mantener sus ganancias.
A partir de la carretera de La Junta, a la entrada de la Sierra Tarahumara, solamente las tiendas “autorizadas” pueden vender alcohol. Las organizaciones criminales han amenazado a cadenas nacionales como Oxxo para que dejen de vender alcohol, o de lo contrario podrían ser castigados, según cuentan residentes, dueños de negocios y funcionarios estatales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
En su mayor parte, según el operador del cartel entrevistado por InSight Crime, el monopolio del alcohol está en manos del Cartel de Sinaloa, específicamente de Noriel Portillo, alias “El Chueco”.
“Solo las tiendas autorizadas pueden vender alcohol. De esa manera no hay competencia, y todas esas ganancias llegan a las arcas de la organización”, dijo.
Esto comenzó como consecuencia directa de la depreciación de la marihuana, afirma el operador. Los municipios en los que esto ocurre van desde Bocoyna, Guachochi, Batopilas, Urique e incluso Guadalupe y Calvo.
La fuente agrega que todos los camiones de distribución de bebidas alcohólicas son “detenidos en las carreteras que conectan con la sierra, y les dicen que deben regresar. Mantenemos nuestra propia distribución, y las empresas tienen que comprarnos sólo a nosotros”.
El cartel está comprando grandes cantidades de alcohol en las principales ciudades, como Cuauhtémoc o la capital, Chihuahua, y luego lo transportan en camión hasta varios municipios de la Sierra Tarahumara. Ellos son quienes otorgan la autorización para vender y distribuir todo tipo de bebidas alcohólicas sin ningún permiso legal.
El operador entrevistado dijo que no están obligando a todos a vender alcohol, pero quienes quieran hacerlo deben tener permiso del cartel.
Las autoridades reguladoras de las bebidas alcohólicas prácticamente no tienen presencia en la Sierra Tarahumara, como señala el entrevistado.
La mayoría de los productos cuestan dos o tres pesos mexicanos (aproximadamente 0.10 dólares) por encima del precio promedio al por menor, lo que InSight Crime corroboró en varias tiendas. Y algunos restaurantes no están vendiendo alcohol por temor a negociar con los grupos criminales.
“Teníamos que aceptar su trato; de lo contrario, tendríamos que dejar de vender y cerrar el negocio”, cuenta la dueña de una tienda en Guachochi.
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