“El Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su deber de prevenir la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Estado mexicano persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias”, señala el organismo internacional.
En el reporte “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía Internacional expone que durante 2020 en México se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades del país. 10 cada día.
Del total de las muertes violentas de mujeres, 432 se registraron en Guanajuato, convirtiéndose en la entidad con mayor número de casos. Le siguen el Estado de México con 403, Chihuahua con 288 y Baja California con 287.
Aunque el reporte presenta datos de toda la república, se centra en los hallazgos encontrados en el Estado de México al tratarse no solo de uno de los estados más grandes y urbanizados del país, sino por ser la entidad federativa con menor calidad comunitaria, la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y la que tiene el índice de impunidad más alto.
Para explicar cada una de estas deficiencias, Amnistía Internacional presenta distintos casos de feminicidio ocurridos en los últimos años en el Estado de México a los que ha dado seguimiento a través de las carpetas de investigación y entrevistas con los familiares.
“La pérdida de evidencias se observa en el resto de los casos de feminicidio conocidos por Amnistía Internacional para la elaboración de este informe y es una cuestión que ha sido puesta de manifiesto por otras investigaciones realizadas en México, lo que sugiere que constituye un patrón de la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones penales en el país”, expone el organismo internacional.
En las investigaciones de los feminicidios precedidos de desaparición es constante que las autoridades no investiguen suficiente: no se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y tampoco se realizan las diligencias necesarias para agotar de forma exhaustiva una línea de investigación concreta.
De acuerdo con testimonios recabados por Amnistía Internacional, agentes del Ministerio Público en el Estado de México atribuyen a la excesiva sobrecarga de trabajo a la que están sometidos la imposibilidad de investigar exhaustivamente todos los casos que tienen asignados.
“La falta de perspectiva de género se observa en el trato hacia las víctimas por parte de algunas personas servidoras públicas, que realizan, por ejemplo, comentarios discriminatorios y culpabilizantes sobre la víctima.
“En esta línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha manifestado que una de sus preocupaciones sobre la situación de las mujeres en México es la ‘existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, entre las cuales se encuentran los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía”, subraya Amnistía Internacional.
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