La dependencia no ofreció nombres de los beneficiarios porque estos procesos están sujetos a las leyes de resguardo de la identidad y otros datos personales.
El titular de Gobernación, Adán Augusto López, dio el reporte el martes pasado durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, y el miércoles en la tarde fue emitida una tarjeta informativa con la confirmación de las preliberaciones, con la aclaración de que la última palabra en estos casos la tiene el Poder Judicial.
También fue enfático en que las preliberaciones no aplican cuando la persona esté acusada de haber cometido delitos graves o aquellos en los que no es posible salir libre bajo fianza. En ese ámbito se incluyen delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro y otros ilícitos que merezcan prisión preventiva oficiosa de acuerdo con el artículo 19 constitucional.
El análisis de expedientes, realizado por los departamentos jurídicos de las secretarías de Gobernación y de Seguridad, en coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, se da en cumplimiento a las instrucciones presidenciales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, cuyo acuerdo fue publicado el 25 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La acción, informó el gobierno federal, está motivada por la implementación de una perspectiva humanista y por considerar que se trata de un acto de justicia en favor de población privada de su libertad que se encuentra en las siguientes hipótesis normativas: personas adultas mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa; personas adultas mayores en fase terminal; personas adultas mayores de 70 años; víctimas que se compruebe con el Protocolo de Estambul que sufrieron tortura, y quienes llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia.
Cada mes se informará del número de expedientes analizados y de aquéllos susceptibles a la liberación.
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