En lo general fue aprobado pasadas las 2:30 de la mañana de este jueves por 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular fue aprobado por 266 a favor, 205 en contra y cero abstenciones, en una votación que dio inicio poco antes de las 6 de la mañana de este jueves.
La legislación reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República y ajustar las disposiciones en torno al juicio político y a la declaración de procedencia de la cámara baja. Entre los cambios destaca el número de integrantes de la Sección Instructora, que pasó de cuatro a cinco elementos, para evitar empates.
Determina que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado durante su encargo por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
La solicitud deberá ser formulada por el Ministerio Público cuando se cumplan con los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal y deberá estar acompañada de copias certificadas de las constancias que integren la carpeta de investigación o, si las investigaciones estuvieran agotadas, de la resolución a favor del ejercicio de la acción penal.
Sobre el procedimiento de juicio político, la ley dispone que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Especifica que si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años.
Cualquier ciudadano podrá denunciar por escrito a los servidores públicos en la Cámara de Diputados.
Se aprobaron las reservas del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) para que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones sean “siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.
También para incluir el respeto al principio de presunción de inocencia en los delitos sobre los que el presidente podrá ser imputado y para estipular que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad del mandatario en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.
Previamente, el Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expidió el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura.
Con 491 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avaló el Reglamento que señala que su carácter es temporal y tiene por objeto normar el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la Cámara de Diputados.
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