Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó suspender el proceso de desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas quien cuenta con una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ministro Alcántara Carrancá dio un plazo de 30 días hábiles, para que la Cámara Baja presente su contestación y remita copia certificada de las documentales que integren el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, relativo a la declaración de procedencia, apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa.
En el mes de mayo, Alcántara Carrancá desechó la controversia al argumentar que no había materia para este juicio constitucional. La resolución fue impugnada por la Fiscalía General de la República, quien señaló que era necesario que la SCJN resolviera el fondo del litigio entre la federación y el gobierno estatal.
El 7 de julio de este año, la Primera Sala resolvió el recurso de reclamación de la FGR y le ordenó al ministro admitir a trámite el medio de control constitucional por el caso del gobernador de Tamaulipas.
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