El mensaje fue escuchado por los gobernadores José Rosas Aispuro, de Durango, y Miguel Riquelme, de Coahuila, alcaldes de los nueve municipios de la Comarca Lagunera que se beneficiarían de la obra, presidentes de módulos de riego, dirigentes campesinos del PRI y el presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro.
A Rosas Aispuro y Riquelme, el Presidente les dejó la responsabilidad política de convencer sobre la viabilidad del proyecto, que captaría escurrimientos del río Nazas. López Obrador propuso una consulta amplia y planteó, como fecha para recibir la respuesta, el domingo 3 de octubre.
El amparo interpuesto contra el proyecto Agua Saludable para La Laguna orilló al presidente Andrés Manuel López Obrador a lanzarse una vez más contra jueces, magistrados y ministros, en quienes, dijo, no confía, pues estarían al servicio de grupos de interés de mentalidad conservadora.
“¿Ustedes creen que voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo. Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de interés creados y tienen mentalidad muy conservadora, ultra conservadora.
“Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría 'no hay problema, vamos al litigo, vamos a demostrar de que no hay afectaciones', pero no, nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra, y otra y otra y se nos va el tiempo, es una táctica dilatoria y no se hace la obra”, declaró en su discurso.
López Obrador reconoció que su gira fue para “convencer a quienes interpusieron los amparos”, y de no hacerlo, “no se va a hacer la obra, así de claro”, expuso. Aunque sugirió como fecha límite el próximo 3 de octubre para que los amparos “ya no estén vigentes”.
“Si hay amparos y no hay acuerdo, vamos a quedar como amigos, de ninguna manera como enemigos, espero comprendan mi situación”.
Deberíamos tener para entonces resuelto lo de los amparos, porque si no, no nos alcanza el tiempo y no voy a ser, se los digo con claridad, rehén de nadie. No voy a dejar obras inconclusas, insistió.
El proyecto prevé la cancelación de 160 pozos –que están contaminados con arsénico y agotarán el acuífero en un máximo de 36 años– e incluye la construcción de una presa derivadora, que llevaría el agua potable a La Laguna. El gobierno federal calculó la inversión en 10 mil millones de pesos y el Presidente acotó que, si no hay una respuesta favorable, los recursos se destinarán a programas sociales.
Pro Defensa del Nazas, organización no gubernamental de La Laguna, interpuso un amparo ante la obra, pues se estaría realizando dentro del área natural protegida de Cañón de Fernández. “El Presidente debe ser el ejemplo de que se deben de cumplir las leyes, entonces el amparo está siendo interpuesto porque violan algunas leyes y normas, entonces el Presidente debería ser el primero en apoyar el cumplimiento de la ley”, declaró en entrevista Rodrigo Meza, integrante de la organización.
Aunque no descartó el desestimar el documento, dio a conocer que será el 23 de agosto cuando el juzgado declare si se cancela o no definitivamente la obra.
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