La pregunta que propone Monreal es: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”.
Se podrá responder “sí” o “no”, como en la pasada consulta popular.
Según el documento, al INE le corresponderá “la organización, desarrollo y cómputo de la votación del proceso de revocación de mandato”; emitir la convocatoria; aprobar el modelo de las papeletas para la votación; así como promover la participación ciudadana y realizar una amplia difusión de los procesos relativos a la revocación de mandato.
Mientras que al Tribunal Electoral se encargaría de “resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los procesos de revocación de mandato”; “realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de mandato, una vez resuelta todas las impugnaciones que se hubieren interpuesto”; además de emitir la declaratoria de revocación de mandato.
La iniciativa establece que “el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, distribuidas en al menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.
“Únicamente la persona que ostente la titularidad de la Presidencia de la República será sujeta a la revocación de su mandato”, precisa.
“El inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse por una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular”, indica, por lo que en este caso podría solicitarse este mismo año. Para recabar firmas, “está prohibida la utilización de recursos públicos”.
“La solicitud deberá presentarse por escrito ante el Consejo General” del INE. “Si de la revisión del informe, se concluye que no se cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 8 de esta Ley, el Consejo General deberá desechar la solicitud y archivarla como asunto total y definitivamente concluido.
“Si de la revisión del informe, se concluye que la solicitud reúne las exigencias del artículo 8 de esta Ley, el Consejo General deberá inmediatamente emitir la convocatoria relativa al proceso de revocación de mandato”, apunta.
“Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Además, “ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda contraria a lo dispuesto en esta Ley e iniciará el procedimiento sancionador que corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley General”.
También contempla la posibilidad de que haya voto electrónico y que en todas las urnas puedan votar hasta 1,500 ciudadanos.
“La jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales, de conformidad con la convocatoria que al efecto emita el Consejo General”, puntualiza.
La iniciativa señala que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta y conserva la obligación de que participe al menos 40% de los posibles votantes.
“Cuando la declaración de resultados que emita la Sala Superior indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, del cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República”.
“Hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución”. Este artículo señala que “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.
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