Hacemos pública nuestra decisión de abandonar el grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020”, dijeron las agrupaciones.
La NOM se trabaja en momentos en que las escuelas particulares están, como otras empresas privadas, golpeadas por la recesión económica que se tuvo un año antes de la pandemia de coronavirus y por la recesión que se recrudeció con la crisis sanitaria.
“Es momento de apoyar al sector educación, no de sobre regular y hacer negocio con certificaciones fuera del marco de la Ley General de Educación”, agregaron las empresas. Datos oficiales muestran que en el ciclo escolar 2019-2020, las escuelas privadas atendieron a casi 15 de cada 100 estudiantes en todos los niveles educativos.
La prestación de servicios educativos, está claramente normada en la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior (LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consecuencia, la Secretaría de Economía y la Profeco carecen de facultades para emitir normas en materia educativa”, detallaron en un comunicado de prensa conjunto.
Las organizaciones que rompieron con el gobierno federal, en lo referente a la NOM, son la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); la Alianza para la Educación Superior (ALPES); la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP); la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
La NOM en cuestión, señalaron, se refiere al cobro de los servicios educativos, que de aprobarse “generará una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.
Para las denunciantes, las sanciones a las que se pueden hacer acreedores ante potenciales fallas, ya “están estipuladas en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley Federal de Protección al Consumidor lo prohíbe”.
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