Ante los procesos legales que afronta el Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana tras un laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, y cuya legalidad fue cuestionada por este gremio, el mandatario
convocó a buscar acuerdos y expresó su intención de reunirse con trabajadores y
empresarios del sector para solucionar los conflictos.
En su conferencia de prensa diaria, que este viernes
se desarrolló en Baja California Sur, recordó que desde la privatización de la
mina de Cananea en 2004 comenzaron denuncias de las autoridades de
administraciones anteriores contra el dirigente del sindicato minero, Napoleón
Gómez Urrutia, lo cual lo obligó a dejar el país por más de una década.
Tras el inicio de su gobierno, regresó el líder
gremial porque consideramos que era una injusticia, explicó el tabasqueño.
Vamos a buscar la forma de que se resuelva el problema
y, sobre todo, que esto es lo que más importa y en eso sí estoy pendiente, que
no se afecte a los trabajadores. Y sí puedo decirles que no se ha afectado a
los trabajadores en el tiempo que yo llevo en la Presidencia, han tenido más
prestaciones, mejores salarios y ya no hay imposiciones de dirigentes, subrayó.
Las diferencias entre el gremio y Grupo México
(propietaria de la mina) comenzaron luego de que, tras la privatización de la
mina de Cananea, se acordó que 5 por ciento de las utilidades debían ser para
los trabajadores mediante el sindicato.
La negativa de la empresa llevó a una huelga por 15
años, tras lo cual aceptó hacer el pago. No obstante, la Junta Federal
consideró que la dirigencia sindical adeuda pagos por 55 millones de dólares a
un sector de los trabajadores.
El sindicato, a su vez, presentó 25 expedientes entre
los que constan acuerdos que le dan la rectoría de los recursos y confirma
pagos ya hechos por 23 millones de dólares a mineros, pero denunció que la
documentación no fue tomada en cuenta en su totalidad por la autoridad laboral.
Al exponer los ataques que hubo por parte de las
mineras contra el también senador, López Obrador destacó que ya están
entendiendo y hay que reconocer que son otros tiempos, y están ayudando, están
cooperando, y seguir apoyando también al sindicato minero respetando a su
dirigente.
Tanto líderes obreros de Londres como Richard Trumka,
presidente de la central sindical estadunidense AFL-CIO, quien falleció el
jueves –lo cual lamentó el jefe del Ejecutivo–, le solicitaron actuar en
defensa del legislador.
–¿Revisará la actuación de la Junta y de la Secretaría del Trabajo en estos temas? –se le preguntó al presidente López Obrador.
–Sí, pero les tengo confianza; a Luisa María Alcalde,
que es una mujer íntegra, y voy a buscar que se siga atendiendo a todos
–respondió.
Ante la denuncia del sindicato, en el sentido de que
el padre de la funcionaria interviene en los litigios laborales que se
desarrollan en la JFCA, el mandatario dijo: (antes) se pusieron de acuerdo los
que mandaban en la Secretaría del Trabajo, pero no como se supone sucede ahora,
no, no, no; ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, (que) la
influencia la tendría un abogado laborista, o sea, el papá de la secretaria, a
la que yo le tengo toda la confianza, pero si fuese ese el caso se investigaría.
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