Así lo reveló este miércoles el diario Milenio, que tuvo acceso al testimonio actualizado del testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) conocido como Juan, quien fue miembro del grupo criminal. El rotativo señala que Juan, quien había declarado en febrero de 2020, realizó una nueva declaración en mayo de este año.
En el nuevo testimonio el testigo amplía lo dicho anteriormente y detalla que “las acciones de aquella noche se hicieron con ayuda de miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, las cuales respondían a las órdenes de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, a quien señala como el líder criminal que dio la indicación de ‘matarlos a todos’ para no dejar ningún cabo suelto, líder criminal que las autoridades jamás relacionaron con la desaparición de los estudiantes y quien fue ejecutado en 2018″, menciona el reportaje de Alejandro Domínguez.
Señala que durante el interrogatorio posterior a su declaración, Juan dijo que no tuvo conocimiento de que algún estudiante sobreviviera a la masacre y que todos murieron luego de ser detenidos en Iguala por las fuerzas del orden e integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Lo anterior, luego de enfrentamientos ocurridos con miembros del Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez, ya que éstos se mezclaron con los estudiantes.
El reporte agrega que tras los enfrentamientos, integrantes de Guerreros Unidos disolvieron, cremaron y esparcieron los restos de los estudiantes en diversos puntos, incluida la zona de Cocula.
Señala que el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Pérez, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, el capitán José Martínez Crespo y “todos los comandantes y los ministerios públicos” de la Policía Ministerial Federal y del fuero común estaban en la nómina del grupo delincuencial.
A diferencia de su primera versión, donde dijo que el capitán Dorantes no se dejaba sobornar, en esta ocasión lo incluyó en la lista. Sin embargo, en esta ocasión evitó mencionar al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de quien había dicho que “recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos”, como lo reveló el diario Reforma en el mes de enero.
En aquel entonces, García Harfuch era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero. Cuando se dio a conocer el señalamiento del testigo protegido, el secretario publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que negó categóricamente las acusaciones.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGR por la filtración de las declaraciones de Juan.
De acuerdo con el nuevo testimonio revelado por Milenio: “Una vez que los tuvieron muertos había algunos que se habían llevado los miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Estatal, de la Municipal (actuaron bajo el mando de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal, le reconocía la voz en indicaciones por radio) y les fueron entregados a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios. Los cuales, días después, en una reunión que tuvimos los hermanos Benítez Palacios y yo, supe que habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos y que algunos otros fueron llevados a algunos crematorios”.
Mencionó que los cuerpos fueron ocultados entre el 26 y 27 de septiembre en varios lugares, como una casa en la colonia Granjeles -supuestamente utilizada por Nájera Salgado- y una a espaldas de la plaza Galerías de Iguala, presuntamente usada por los hermanos Benítez Palacios.
El testigo protegido reiteró su versión de que se utilizó un crematorio ubicado en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, aunque dijo desconocer cuántos cuerpos fueron llevados allí y si existieron otros hornos crematorios.
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