Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo esta semana que la propuesta incluye eliminar una exención fiscal conocida como “tasa cero” que permite a las armadoras mundiales obtener reembolsos sobre los impuestos al valor agregado que pagan en el país. La medida es parte de un paquete que busca aumentar la recaudación de impuestos en un 1% del PIB el próximo año.
La noticia obviamente no gustó a los fabricantes de vehículos, que están acostumbrados a que los gobiernos pongan atractivos paquetes de incentivos sobre la mesa a cambio de que inviertan allí. “Estos incentivos se han otorgado (durante décadas) para atraer a la industria a México. Todos los países ofrecen incentivos fiscales para lograr que la industria se establezca en su territorio”, dijo en entrevista José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “Los fabricantes hacen sus cálculos de inversión con base en los incentivos que se les otorgan, de lo contrario muy probablemente se irían a otros países”, añadió.
México se posicionó, durante la década pasada, como una de las plataformas de inversión más atractivas para el sector automotriz en el continente. Entre 2012 y 2018, una decena de fabricantes anunciaron inversiones por 13,700 millones de dólares (mdd) para construir o ampliar sus plantas de vehículos en el país.
La vecindad con Estados Unidos, un costo de mano de obra competitivo y tratados de libre comercio con más de 40 países eran argumentos recurrentes entre los directivos que desfilaron por Los Pinos para hacer los anuncios de inversión. Pero además de estos beneficios, las armadoras recibieron beneficios para instalarse en México, desde donaciones de terrenos y exenciones fiscales, como al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) por 20 años, hasta la construcción de helipuertos y el pago de la fiesta de inauguración de las plantas.
Aunque cada convenio de inversión lo negocia el gobierno con cada fabricante, cálculos hechos por IHS muestran que, a nivel global, los incentivos suelen representar entre el 20% y 30% de las inversiones hechas por las empresas.
Kia, por ejemplo, acordó en 2014 con el gobierno estatal de Nuevo León de Rodrigo Medina de la Cruz, un paquete de incentivos de 11,000 millones de pesos (mdp), equivalente al 28% de la inversión de 2,300 millones de dólares que haría el fabricante surcoreano para la instalación de una planta en Pesquería.
Dos años después, Ford negoció con el gobierno de San Luis Potosí un paquete de incentivos para instalar una planta en la entidad, que incluía la exención del pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) al 100% durante 10 años, la exención del predial al 100%, la donación del terreno, la construcción de una espuela de ferrocarril, conexión de energía eléctrica y pozos para el agua, según datos de la secretaría de desarrollo Económico de la entidad. El proyecto, sin embargo, se canceló al año siguiente tras un análisis de Ford que mostraba una estrepitosa caída futura en la demanda del modelo Focus que se produciría en la planta.
Aunque los inversionistas ponen diversos factores sobre la mesa a la hora de decidir dónde abrir el grifo del dinero, Zozaya asegura que el anuncio hecho por la jefa del SAT manda una señal que “pone nerviosos” a algunos inversionistas extranjeros. “Habría que cuidar mucho esto. No es una noticia que tranquilice a los inversionistas”, dijo.
Por lo pronto, una carta de solicitud de audiencia con el nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está por salir de la bandeja de correo de Zozaya. “Queremos hacerle un ofrecimiento para hacer un vínculo entre la Secretaría y las empresas armadoras en México para trabajar en conjunto para la promoción y la inversión”, dijo.
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