sábado, 31 de julio de 2021

El abuso de autoridad y el enriquecimiento ilícito deben considerarse delitos graves: Azucena Cisneros

Toluca, Edomex. 31 julio 2021.- Debido a que hoy no hay penas suficientemente coercitivas contra funcionarios mexiquenses que cometan delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito, la diputada Azucena Cisneros presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para que estos ilícitos se consideren como delitos graves y se ordene prisión preventiva oficiosa.

En su intervención en el pleno, la legisladora recordó que la corrupción es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social, y que México ha estado sufriendo en las últimas décadas.

“Un acto de corrupción se materializa cuando un policía acepta una mordida, cuando un ciudadano se pasa el alto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite, o cuando se benefician de descomunales desvíos del erario público”, refirió la legisladora de Morena.

“Azucena Cisneros aseveró que los responsables de desvío de recursos públicos deben ser castigados y tiene que propiciarse una nueva generación de funcionarios jóvenes con capacidad y preparación académica, con sentido de responsabilidad, ética y amor al país.

En mayo de 2017, la entidad se adhirió a la lucha en contra de esta problemática social creando la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, sin embargo el catálogo de delitos graves no sufrió actualización en cuanto al número de delitos correlativos a los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado, pues antes de la implementación de la ley quien cometía abuso de autoridad no era sujeto a beneficio, sino perseguido de oficio y se ordenaba la prisión preventiva oficiosa.

“La reforma lejos de ayudar en el combate a la corrupción, dio lugar a una permisividad para que cualquier funcionario realice conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles, pues las penas no son los suficientemente coercitivas para hacer un cambio profundo ante esta problemática social”, apuntó Cisneros.

La diputada morenista propuso que para inhibir conductas delictivas de servidores públicos, se reforme el Código Penal para que se adicionen como delitos graves, las figuras delictivas de ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito y se ordene la prisión preventiva oficiosa.

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