En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue encargado de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercano al papa Francisco.
El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia y hombres de negocios.
De los diez acusados, cinco estaban al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17 mil m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el Papa ha pedido desprenderse rápidamente.
La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
Esa compra “generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre”, reconoció la Santa Sede antes de la apertura del juicio.
Todo un reto para Francisco, crítico férreo de la corrupción, el cual ha denunciado sin cesar la especulación financiera mundial desde su elección hace ocho años.
Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestado 200 millones de dólares, buena parte de ellos al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione.
Raffaele Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.
La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Fue en ese momento que el Vaticano se dio cuenta que estaba en manos de extorsionadores que buscaban chantajearlo y llevarlo a la ruina. Al buscar deshacerse de ellos, la Santa Sede confirmó que un cardenal y otros de sus empleados estaban coludidos con los estafadores.
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