Fue el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México quien determinó que, de suspender la operación del nuevo espacio aéreo, se podría afectar el interés social.
La SCT señaló en su argumentación que suspender las nuevas rutas podría provocar daños en torno a la seguridad en el traslado de personas y bienes en el territorio mexicano.
Con este nuevo diseño, que entró en vigor el 25 de marzo, se busca que entren en operación simultánea los aeropuertos de la Zona Metropolitana; es decir, el de la Ciudad de México, Toluca, Morelos y Puebla, sumándose a ellos, en una segunda etapa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Al asignarse nuevas rutas para despegues y aterrizajes de aviones, habitantes tanto de la capital como del Estado de México solicitaron amparos. En ellos, advierten de la contaminación y ruido que provocan para comunidades el nuevo tránsito de aviones.
Sin embargo, el pasado 3 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que todos los procedimientos de amparo fueran concentrados para su análisis por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa.
No obstante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impugnó las suspensiones otorgadas, con lo que el caso fue turnado al Tribunal Colegiado.
Ahora, los magistrados consideraron que el rediseño del espacio aéreo de la Zona Metropolitana responde a beneficios de una colectividad, pues presta un servicio público aeroportuario.
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