Medios nacionales reportaron este domingo que la denuncia fue presentada por una ciudadana identificada como Teresita Cervantes Pérez, quien acusa a Sansores de haber contratado a empresas que aparecen en la lista negra del SAT por emitir comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios.
Según la denunciante, los contratos se realizaron entre 2019 y 2020, cuando Layda Sansores todavía estaba a cargo de la alcaldía Álvaro Obregón, y habrían causado un daño al erario por más de 33 millones de pesos.
'Existe un daño al erario público por 33 millones de pesos, pues Layda Elena Sansores San Román llevó a cabo junto con diversos funcionarios adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas (de la lista negra) de los artículos 69-B del Código Fiscal Federal', señala Cervantes Pérez en su denuncia ante la FGR.
Las empresas con las que el gobierno de Sansores habría suscrito contratos, y que son consideradas por el SAT como 'fantasma', son Grupo Constructor Conhir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex, Miel Industria, Servicios Especiales para la Construcción, Comercializadora Ned Sol y Sad Market. En la denuncia se puntualiza que la exalcaldesa de Álvaro Obregón contrató ilegalmente obras públicas con recursos económicos públicos e hizo uso indebido de sus atribuciones y facultades.
Cervantes Pérez considera que, al haber realizado contratos con estas empresas no localizadas, Layda Sansores debe ser investigada por defraudación fiscal, operaciones de procedencia ilícita, uso ilegal de atribuciones y peculado.
Los abogados de Teresita Cervantes explican que el Código Fiscal de la Federación determina que cualquier autoridad que reciba y ejerza recursos públicos, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos y servicios con empresas de la lista negra del SAT. Asimismo, señalan que la sanción por operaciones de este tipo va de dos a nueve años de prisión.
Al respecto, Sansores indicó en su cuenta de Twitter que fue la propia alcaldía la que, durante su administración denunció la contratación de empresas fantasma en administraciones pasadas. 'Gracias a eso se impidió un quebranto importante. La alcaldía, del 2018 a la fecha, no ha tenido ninguna relación contractual con dichas empresas', afirmó.
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