Luego de 12 años de los hechos, las autoridades tendrán que revisar las sentencias de 22 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ayuntamiento de Hermosillo.
La disposición de la SCJN supone la reducción de las sentencias de algunos implicados por fallos en las aplicaciones de los criterios penales.
Sin embargo, al mismo tiempo significaría vincular a proceso a personas que fueron absueltas en primera instancia y el aumento de las sentencias a funcionarios por las mismas razones.
En el primer caso están el secretario del Consejo de Administración de la guardería, Antonio Salido Suárez, y quien fuera director de Bomberos de Hermosillo, Martín Lugo Portillo.
Los dos funcionarios fueron sentenciados a 28 años de prisión, pero sus sentencias serán disminuidas por considerar que no se aplicó bien el artículo 64 del Código Penal Federal.
En el segundo caso, tendrán que multiplicar la sentencia de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual violó los derechos de los sentenciados, según resolvió la SCJN.
Cabe señalar que otro amparo resuelto por la SCJN fue tramitado por padres de las víctimas en demanda de que se vinculara a proceso a tres supervisoras de las guarderías subrogadas del IMSS.
Mismas que tendrán que ser procesadas por homicidio y lesiones culposas en relación a la tragedia de Sonora.
La nueva disposición de la Corte implica que los casos deberán regresar a un tribunal colegiado, para que se dicten las penas específicas para cada imputado.
En la que se aplicará una pena mínima de cuatro años en todos los casos, lo que significa que todos tendrán que cumplir por lo menos ese tiempo en la cárcel.
En el incendio de la Guardería ABC murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados.
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