domingo, 29 de noviembre de 2020

No sólo es la Estafa Maestra: las cuentas que dejó Meade en SHCP, SRE y Sedesol tampoco salen bien

CDMX, 29 noviembre 2020.- José Antonio Meade Kuribreña no es investigado ni tiene imputaciones legales por corrupción ligadas a la llamada Estafa Maestra, hasta ahora, sin embargo, esa situación podría cambiar ahora que Rosario Robles Berlanga pidió a la Fiscalía General de la República ser testigo colaborador del caso, pues ya antes los abogados de la exsecretaria de Sedesol mencionaron a Meade Kuribreña como un supuesto participante.

Donde sí tiene señalamientos claros es en las secretarías de Estado a su cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, heredó irregularidades no solventadas por casi 3 mil millones de pesos entre 2013 y 2017.

José Antonio Meade Kuribreña recibió el 27 de agosto de 2015 de manos de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Robles Berlanga la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Dos dependencias a través de las cuales hubo millonarios desvíos de recursos para favorecer campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la carrera presidencial de Meade en 2018.

La triangulación de recursos de programas sociales, sobre todo de Sedesol y Sedatu ocurrió durante casi todo el sexenio pasado y abarcó esquemas de defraudación como la llamada “Estafa Maestra”, que entre 2013 y 2014 causó daños al erario público por al menos 7 mil 670 millones de pesos.

El papel de Rosario Robles como participante de dicha estafa se ha documentado en numerosas pruebas que llevaron a su aprehensión en agosto de 2019 y, en particular, con su reciente disposición para acogerse a la figura de testigo colaborador, con la finalidad de aportar pruebas contra altos funcionarios públicos del sexenio (2012-2018) de Enrique Peña Nieto a cambio de beneficios en su proceso penal.

En el caso de José Antonio Meade la situación es diferente. Entre agosto y septiembre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el exfuncionario público no era investigado y que tampoco enfrenta, hasta el momento, causas penales por la Estafa Maestra. Sin embargo, la defensa de Robles asegura que Meade sí estaba al tanto de las irregularidades no solventadas durante la gestión de la experredista como titular (2012-2015) de la Sedesol.

La sucesión entre Robles y Meade en dicha Secretaría en 2015, los presuntos desvíos a favor de su campaña presidencial en 2018, e incluso los señalamientos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin en su contra, pues lo acusa de participar en acuerdos irregulares relacionados con la planta Etileno XXI en el sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, han levantado sospecha en el escrutinio público.

Si bien no hay pruebas en su contra y él asegura que su actuar como funcionario público siempre ocurrió con “absoluta honorabilidad y legalidad”, durante su gestión como Secretario de Estado entre 2013 y 2017, las dependencias que encabezó causaron probables daños al erario público federal por 2 mil 979 millones 721 mil 445 pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aun cuando Meade sea inocente de actos directos o intencionales de corrupción, la normatividad vigente no lo exime de toda responsabilidad, siempre y cuando estuviera enterado de la comisión de irregularidades y no hubiera hecho algo para impedirlo y para facilitar la procuración de justicia.

Entre 2013 y 2015, cuando Meade fungió como Canciller de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acumuló irregularidades no solventadas por 52 millones 350 mil 15 pesos. Más adelante, ya como Secretario de Desarrollo Social, la Sedesol a su cargo (2015-2016) quedó a deber la aclaración de 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos. Y bajo su administración durante 2016-2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por 590 millones 76 mil 743 pesos.

La información analizada de 205 auditorías indica que en 2013-2017 hubo 106 causas de probables daños al erario público en SRE, Sedesol y SHCP. Dichas irregularidades no solventadas o por aclarar están relacionadas con pagos anómalos, daños materiales, deficiencias administrativas, omisiones contables e incumplimientos contractuales.

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