Se trata de una adición al párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, el cual, tras su aprobación en el Senado, fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
Los senadores de MORENA y Partido del Trabajo aseguraron que con esta adición se podrá cumplir con el mandato constitucional de asegurar la adquisición de bienes y servicios de salud a través de organismos intergubernamentales internacionales, garantizando las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
En ese sentido, refirieron que se permitirá compra de suministros de alta calidad a precios bajos, pero teniendo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades reguladoras internacionales.
La mayoría aseguró que se trata de un procedimiento que permitirá acabar con la corrupción existente en la industria farmacéutica mexicana, mientras que el bloque opositor aseguró que se pone en riesgo, al hacerlas a un lado para comprar medicamentos fuera del país.
En torno a ello se pronunció la legisladora Beatriz Paredes, del PRI, quien aseguró que esta reforma burla las normas de transparencia y favorece la discrecionalidad, por lo que es contraria a lo que se busca: combatir la corrupción.
Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano adelantó que su Grupo Parlamentario buscaría promover una acción de inconstitucionalidad. Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, indicó que esta modificación es un error, un abuso y un engaño, pues se abre la puerta a la corrupción y opacidad.
Además, tildó la reforma de “innecesaria”, puesto que las adquisiciones de insumos médicos se manejan por mecanismos jurídicos ya depuestos.
Por otro lado, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos aseguró que esta reforma platea el cumplimiento de compromisos sociales, entre los que se encuentran el mejoramiento del sistema de salud y el combate a la corrupción.
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