público cuando estuvo al frente de la Sedatu y la Sedesol y ordeno dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria.
Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio.
La Fiscalía General de la República imputo a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol).
El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.
Lo anterior a pesar de que Rosario Robles señaló que informó al expresidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade sobre las irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Durante la continuación de la audiencia en el Reclusorio Sur, los abogados detallaron al juez de control, Felipe de Jesús Iñiguez Delgadillo, que Robles Berlanga informó al entonces Ejecutivo federal a través de dos vías: reuniones de gabinete y en la red federal, la llamada línea roja.
Mientras que a Meade le habló de las anomalías al momento de hacer la entrega-recepción de la administración de dicha dependencia el 27 de agosto de 2015. La defensa de la exfuncionaria también argumentó que los oficios de observación de la Auditoría Superior de la Federación, en los que basó la Fiscalía General de la República FGR su acusación no ocurrieron cuando Robles encabezó la Sedesol.
Refutaron que los pliegos de observación del órgano fiscalizador no son determinantes y cuentan con los oficios por del Órgano Interno de Control de las dependencias que encabezó Robles donde se señala que fueron solventadas.
Rechazaron que su defendida haya sido omisa, y presentaron 32 datos de prueba, entre ellos, oficios, declaraciones de testigos, dictámenes periciales en contabilidad y la propia declaración de su defendida con las que buscan que no se vincule a la exfuncionaria a proceso.
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