Sin embargo, este martes 6 de agosto, cuando se cumplen cinco años del peor desastre ambiental de la industria minera, expira el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures, la única clínica que atiende a los 381 afectados (nueve ya fallecieron), expone un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y Operadora de Minas, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz.
“El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto nos dio un golpe mortal a todos los afectados en la salud. La atención médica ya estaba pactada para 15 años por la autoridad y sin fundamento ni motivos hicieron este convenio de cierre de UVEAS, del cual nosotros no fuimos notificados, para el 6 de agosto de este año.
Es nuestro regalo de aniversario”, aseguró Martha Patricia, de 61 años, una de las 381 víctimas reconocidas de los 22 mil afectados documentados por la organización PODER en los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, dedicados a la actividad agropecuaria.
“Si cerraran la UVEAS, tendría que pagar mis medicamentos y consultas. Me perjudica muchísimo, porque ahorita estoy recibiendo de ellos la atención sin costo como afectada. Pero con el cierre, todo ese gasto se me vendría en mí”, previó sobre lo acordado por las minas del segundo empresario más rico del país.
Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante legal de los Comités de Cuenca Río Sonora, dijo que la clínica UVEAS que trata a las personas por la intoxicación con metales pesados, “tenía sus días contados y el día de mañana, que se cumplen cinco años del derrame, va a cerrar porque así lo pactaron las empresas con el Gobierno de Peña Nieto a espaldas de la gente”.
“Grupo México decidió que en cinco años se iba a olvidar de todo esto. Las empresas que afectan a las comunidades y contaminan nuestro ambiente no pueden ser solo ellas las responsables de decir hasta cuándo van a resarcir los daños y hasta cuándo reparar las violaciones”, acusó al término del evento afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se exigió a los ministros fallar a favor de las víctimas del derrame.
Benjamín Cokelet, director de PODER, advirtió que “lo que sucede en los ríos Sonora es un homicidio en cámara lenta, porque los efectos de los metales pesados tardan entre 10 y 30 años en manifestarse.
Ya tenemos evidencia de animales que han muerto recientemente por haber tomado agua en sedimentos contaminados por el derrame de hace cinco años, por lo que en varios años más se verán los efectos en los humanos”.
El convenio expone que las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas “se comprometen a mantener en operación y dar mantenimiento constante a la instalación de la UVEAS hasta el día 6 de agosto de 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento”.
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