«¿Se criminaliza la protesta, secretaria?», se le cuestionó a la funcionaria. «No», respondió de forma breve. No obstante, la titular de la Segob, exhortó a los ciudadanos inconformes a impugnar la reforma al Código Penal de Tabasco que contempla cárcel para quienes a través de protestas obstruyan obras públicas y privadas.
«Quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes», señaló en Puebla, tras la toma de protesta de Miguel Barbosa.
Este viernes entró en vigor la modificación del Código Penal de Tabasco, que eleva las penas contra la extorsión a través de bloqueos a accesos en instalaciones u obras privadas o públicas en Tabasco, luego que el jueves fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La iniciativa enviada por el gobernador Adán Augusto López Hernández causó polémica por la redacción que tenía, la cual hacía alusión directa a protestas sociales y el bloqueo de vías.
“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.
“La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
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