Las autoridades no precisaron hasta el momento cuándo ni a qué prisión el exmandatario (2003-2010) podría ser transferido.
El líder histórico de la izquierda, de 73 años, cumple su condena de 8 años y 10 meses de prisión en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, en el estado de Paraná.
El traslado fue solicitado por la policía, que alega estar sufriendo diversos trastornos con su custodia en un establecimiento pensado para alojar apenas presos provisorios y en cuyos alrededores se han aglomerado partidarios y adversarios del expresidente, que recibe numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras.
La jueza Carolina Lebbos afirmó en su decisión que la transferencia busca «reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia, además de proporcionarle mejores condiciones de resocialización» a Lula, trasladándolo a «un establecimiento efectivamente volcado a la ejecución penal, cerca de su medio social y familiar».
La defensa de Lula indicó que el pedido de traslado no obedece a una solicitud del expresidente y pidió que en caso de que éste se concrete, el nuevo local sea «compatible» con la sala individual en la cual se encuentra actualmente.
Reiteró además su demanda de que la justicia atienda rápidamente su reclamo de «nulidad de todo el proceso y de restablecimiento de la libertad plena de Lula».
Lula fue declarado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
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