Ante las críticas y señalamientos de que la llamada “Ley Garrote” pretendía inhibir las protestas ciudadanas, los diputados locales aprobaron hacer cambios al dictamen original que buscaba castigar a quienes hagan bloqueos o protesten contra obras.
Con la nueva redacción se le hizo una modificación al artículo 308 bis del citado dictamen, donde se precisó la sanción de 13 años de prisión para quienes, a través del cierre de vías de comunicación, intenten extorsionar a empresas.
Además, con el cambio legal se estipula de 2 a 10 años de prisión a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio de transporte de pasajeros o de carga, así como de 1 a 8 años a quien obstaculice las vías.
Cuatro de los cinco diputados del PRI abandonaron el salón de sesiones en rechazo al dictamen, antes de que se votara el proyecto.
Más temprano, tras un diálogo entre legisladores de Tabasco y el secretario de Gobierno estatal, Marcos Medina Filigrana fue puesta a revisión la iniciativa de penalizar con cárcel de seis a 13 años a quienes impidan la ejecución de trabajos u obras públicas, mientras de entre uno a ocho años a quien obstaculice una vía de comunicación local.
De acuerdo a la agencia Notimex, Medina Filigrana sostuvo que “en el trabajo parlamentario se presentó una iniciativa y para eso es el trabajo parlamentario, para perfeccionarla; estamos a tiempo de perfeccionarla con buena parte de los grupos parlamentarios”.
El funcionario reveló que se acordó mantener la sanción en el caso de las extorsiones, sobre quien utilice acciones para tratar de obtener una dádiva, una prestación económica ilegal y no para el ciudadano que legítimamente se manifiesta por una causa que ellos consideran válida.
Consideró que la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo se ha desvirtuado y hay la preocupación de un diputado de oposición quien dice que le adjudicaron la misma, cuando no es así; “nosotros la asumimos plenamente”, apuntó.
El artículo propuesto señala: “Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
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