Los manifestantes marcharon a través de las estrechas calles de la isla principal de este centro financiero, en una ruidosa y colorida manifestación en la que se pedía al gobierno que diera marcha atrás en sus planes.
La policía, que históricamente da cifras mucho más bajas que las de los organizadores, calculó que el número máximo de asistentes fue de 240,000, lo que sigue siendo su segunda estimación más alta desde la retrocesión de la excolonia a China.
Una vez concluida la marcha, estallaron algunos incidentes entre un pequeño grupo de manifestantes, que quería permanecer toda la noche frente a la Asamblea local, y la policía que intentaba desalojarlos recurriendo a sus bastones y gas pimienta.
Un reportero de la AFP relató haber visto un policía con sangre en el rostro. Este proyecto de las autoridades de Hong Kong pro-Pekín dejará a la población a merced de un sistema judicial chino opaco y politizado, argumentan sus detractores. No está claro, sin embargo, que los dirigentes vayan a cambiar su postura.
La líder de la ciudad Carrie Lam ha cimentado su carrera política sobre una reputación de sacar adelante las leyes. Ignorar las protestas podría devolver a los disturbios de 2014, cuando manifestantes a favor de la democracia ocuparon durante dos meses intersecciones callejeras claves de la ciudad.
Los organizadores advirtieron este domingo que «incrementarán» sus acciones si el gobierno no da marcha atrás. Tal cosa podría enfurecer a Pekín, ya que la ley tiene el apoyo de varios altos dirigentes del Partido Comunista.
En un comunicado, este domingo por la noche, el gobierno local describió las protestas como «un ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong», sin dar signos de estar dispuesto a hacer cambios.
La iniciativa ha suscitado críticas de juristas, de los círculos financieros y de los diplomáticos occidentales.
Numerosos manifestantes admitieron que no creían más en los compromisos del ejecutivo de Hong Kong de no enviar al continente a los críticos del poder chino.
Las autoridades intentan hacer votar en el Consejo Legislativo (LegCo, el «parlamento» local) este texto que autorizaría las extradiciones hacia países, como la China continental, con los que no existe un acuerdo en este tema. Según el ejecutivo de la región semiautónoma, esta ley llenaría un vacío jurídico y es necesaria, especialmente para permitir la extradición a Taiwán de un hongkonés acusado de asesinato.
Según los detractores de la ley, este caso sólo es un pretexto para satisfacer a Pekín. La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellas un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente.
Según los términos del acuerdo sino-británico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del Estado asiático en virtud del principio «Un país, dos sistemas», en teoría hasta 2047.
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