La grabación, recuperada y difundida por el diario El País y el noticiario En Punto muestra a Carlos ‘N’, presunto operador financiero del grupo criminal Guerreros Unidos, quien es interrogado sobre el paradero de los 43 jóvenes.
En las imágenes la supuesta víctima aparece sentada y con los ojos vendados con cinta canela mientras es interrogada por una persona que no se ve en el video. A espaldas de la misma se encuentra otra persona que viste como policía ministerial y que presumiblemente pertenece a la fiscalía estatal.
Como parte del interrogatorio, la persona uniformada tapa la cabeza del hombre que responde al interrogatorio mientras están a punto de verterle agua. Sin embargo, en ese momento el material gráfico se corta.
De acuerdo al diario El País, las imágenes fueron publicadas hace unos días en la plataforma de Youtube.
Además, se recuerda que en marzo de 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe donde señalaba que al menos 34 detenidos por la desaparición de los normalistas habían sido torturados. En 23 de los casos, las víctimas de tortura señalaban a agentes de la policía ministerial, adscrita a la fiscalía.
Uno de los 23 casos corresponde al de Carlos ‘N’, quien fue detenido el 22 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición de los estudiantes, y quien, según el diario, es quien aparece en el video.
Apenas el año pasado, en mayo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) negó que existieran actos de tortura contra los detenidos dentro de la investigación del Caso Iguala, o Caso Ayotzinapa.
Al menos esa fue la respuesta que entregó la Misión Permanente de México en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), como parte de las observaciones del gobierno de México respecto al contenido del Informe “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, presentado en marzo por el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Sin embargo, dos meses después de la respuesta de la PGR, en julio de 2018, uno de líderes de la organización criminal de Guerreros Unidos involucrado en el caso de la desaparición fue absuelto por un juez federal que determinó que la PGR obtuvo sus testimonios bajo tortura.
Días después, cuando Alejandro Encinas fue anunciado como subsecretario de Derechos Humanos por Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se sancionaría a aquellos exfuncionarios que alteraron la investigación, “sembraron” pruebas y “torturaron” a presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
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